Inicio arrow Revista Unidos arrow Revista Unidos N° 13, diiciembre de 1986 arrow 13. Tres falacias en el debate político

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13. Tres falacias en el debate político PDF Imprimir E-Mail
escrito por Ariel Colombo   

Colombo, siguiendo una línea crítica ya inaugurada en su recomendable nota de UNIDOS 9, parte de la opción por una democracia "dialógica" ante las variantes "agónicas" y "lúdicas " que hoy imperan como formas de la transición democrática. El debate –que implica una democracia autocreadora con participación racional por parte del pueblo– es considerado por el autor como eje principal a proponer para superar las modalidades de la "lucha" y del "juego". Contra ese debate conspiran tres falacias: la primera es la apelación abstracta al realismo como forma vaciada de su sentido más profundo, convirtiéndolo en artificio para colocar al adversario y a todo crítico de las políticas oficiales en el lugar de lo imposible. La segunda falacia consiste en descolocar los debates, defendiendo y probando tesis que no están estrictamente en el centro de la discusión. Así, se recae en la "lucha" o el "juego". La tercera se refiere a la modernización, concebida como conjunto de técnicas destinadas a la expulsión, los conflictos, reducidos a mera "barbarie". La principal oposición, dice Colombo, acepta también esta lógica.

1. Las condiciones del debate

El tratamiento político que reciben los temas nacionales más importantes pone de manifiesto que aún no han sido superadas las dificultades de la transición democrática como política creadora de reglas. Pasar de la "lucha" o del "juego" a la política como "debate" plantea exigencias de racionalidad que a veces sobrepasan la buena voluntad de los mismos protagonistas, incluso en ámbitos (como el Parlamento) que parecieran ser los más adecuados para la ejercitación del diálogo entre adversarios.
En la "lucha" los antagonistas tienden a perder el autocontrol, los conflictos de tipo automático generan reacciones desproporcionadas y el intercambio de ofensas se intensifica en una escalada indefinida. En estos casos el pueblo es llamado a confrontar, no a decidir. En el "juego" el actor mantiene el control racional de su comportamiento, pero no sobre los resultados y continuidad del juego. Puede que consiga minimizar pérdidas o maximizar ganancias en términos de poder, pero no siempre el engaño o la disuasión son convincentes para el resto de "jugadores"; menos todavía si éstos advierten que el reconocimiento del error o la cooperación con el adversario los coloca fuera de competencia. Aquí el pueblo puede mediar, pero también ser víctima de cálculos estratégicos que lo hacen intervenir como masa de maniobra. En cambio, el "debate" implica que la política se recrea a sí misma como práctica democrática. Las estrategias partidarias no se definen en función de una relación polarizante entre amigos y enemigos, ni tampoco en base a un juego que especula con los errores del contrario, sino que se estructura mediante un intercambio dinámico de argumentos comparables.
Es la comparabilidad de las posiciones políticas lo que permite al pueblo considerarlas como opciones alternativas: al contar con una estructura lógica similar y al referirse al mismo área de problemas, un tercero puede diferenciarlas racionalmente, y elegir. De esta manera, quien tercia en el debate –en este caso el pueblo– dependerá menos de la autoridad cognoscitiva que revisten sus representantes o de la verosimilitud de quienes la cuestionan. Para ello los contendores deben adaptar recíprocamente sus propias percepciones y preferencias. Un actor puede "hacer entrar en razones" a otro cuando toma parte de su marco de interpretación tratando de incorporarle información y de refutarlo sin desconocerle validez parcial. No se descarta tampoco que en un segundo momento su interlocutor supere las críticas hacia una argumentación más compleja y consistente aún.
La reformulación de los planteos del adversario en términos reconocibles para éste, y no la apelación al contrargumento ad hominem o la presentación tergiversada de sus posiciones, es uno de los requisitos de la democracia concebida como sistema de concesiones mutuas y como la admisión del error sin costos políticos irreparables. Requisito cuyo cumplimiento puede ser reforzado si los competidores comprueban que a mayor complejidad o conflictividad de una cuestión menor es la posibilidad que tienen de conocer a priori qué soluciones serán redituables desde el punto de vista de sus intereses políticos inmediatos. Obviamente, un régimen democrático dispone de los mecanismos para poner fin a toda discusión mediante la inapelable aplicación de la ley del número. Pero el asunto no es éste, sino que las decisiones que finalmente se adopten sean por su razonabilidad convincentes para todos, aún para aquellos que se opusieron. Cuando nadie puede convencer a nadie sobre nada, difícilmente pueda darse flexibilidad en la conversión de las mayorías en minorías (y viceversa), salvo por conveniencias ajenas al tema tratado. No basta el deseo racionalizante de entenderse en nombre de la unidad nacional, es preciso además reformular los argumentos del adversario en términos mutuamente aceptables, exponerse a la crítica y reelaborar los propias argumentos evitando interponer barreras infranqueables de pretendida irrefutabilidad.

2. La falacia del desencantamiento político

Una de las falacias más difundidas que traban el debate democrático en la Argentina actual, es la apelación al realismo. Si bien no es patrimonio exclusivo del oficialismo, se trata de un componente esencial y predominante en su discurso. Aparentemente, "este múltiple llamado a la realidad se vincula directamente a lo que se define como posible de hacer y a lo que se concibe como imposible..."1, a un desplazamiento "pro tempore" de las fronteras que separan lo posible de lo imposible, algo que en definitiva sería universalmente recomendable sobre todo en una época de crisis en las ideas. El inconveniente surge cuando el realismo se convierte en estrategia o en arte sutil de poner al adversario en el campo de lo imprevisible, de lo impensable y de la irracionalidad, explotando un contexto social hipersensibilizado por la paranoia del pasado autoritarismo y excluyendo por principio posibilidades alternativas. Esta derivación del realismo –que no lo invalida como prudente cálculo de medios o cuidadosa consideración de costos– se asocia a la paradojal y parabólica negación de la realidad que apoyada en un egocéntrico juicio de posibilidad ex ante, privilegia la producción –a veces teatral– de efectos antes que la interacción creadora de reglas que acuerda sobre valores. Como si la delimitación entre lo posible y lo imposible estuviese clara y definitivamente trazada, y como si explorar esa zona imprecisa fuese un atrevimiento antidemocrático. Desde esta perspectiva el opositor que se moviliza no está, simplemente, equivocado; es además, "corporativo". El exclusivismo del aurea mediocritas oficial es demasiado evidente para no despertar resentimientos cuanto más espera el adversario verse reconocido como tal (nadie se legitima a sí mismo), y elaborado en exceso para ser contrarrestado discursivamente por una oposición fragmentada.
Pero donde el pragmatismo se muestra ostensiblemente falaz es en su registro estático de la realidad: al traducir simbólicamente las demandas sociales en función de los medios disponibles (y no de los potencialmente movilizables) reproduce como profecía autocumplida la misma realidad que es objeto de crítica. La socialización de las responsabilidades que les cabe a las minorías económicas y militares puede reducir tensiones coyunturales, pero implica fundar la democracia sobre los pilares de la debilidad y expulsar de la conciencia colectiva las causas que transportan a la crisis. De allí la inversión utópica del realismo, su exageración lo lleva a convertirse en su opuesto.

3. La falacia de demostrar aquello que no es lo debatido

Junto a este pragmatismo inflexible se puede detectar otra actitud que no contribuye a la lógica del debate democrático. La tendencia a probar una tesis que no es la discutida. Se defiende al plan Austral contraponiéndolo a las demandas inflacionarias de los asalariados cuando la cuestión no era si debía reducirse o no el índice de precios sino quién sería el pato de la boda de la estabilización o si ésta podría compatibilizarse con la reactivación. Se imputa a los actores sociales el fracaso de la concertación multisectorial cuando lo que está en duda es si es concertable una política que sustrae del debate lo que justamente interesa a aquéllos (si lo que es políticamente posible es prejuzgado de antemano, no se entiende cómo puede darse la elaboración contractual). Se insiste en los grupos de presión como obstáculo para el funcionamiento de la democracia, cuando el problema es la debilidad en la constitución de la identidad ideológica de los partidos, que sí afecta el rol regulador del Estado.
Al estar ausente un enfoque lógico compartido del temario público las posiciones del gobierno y de la oposición no se cruzan jamás, ni el hombre de la calle logra involucrarse en alguna de ellas. Entran en contacto sólo en el plano del antagonismo irreductible o en el de la negociación utilitaria, en la "lucha" o en el "juego", pero no en el intercambio que los vincula entre sí y con la gente reforzando la identificación colectiva con la democracia. La reiterativa defensa de la democracia como demolatría verbal reemplaza al ejercicio cotidiano que se realimenta a sí mismo sin necesidad de invocarla incesantemente.

4. La falacia de la modernización apolítica

La política de modernización del Gobierno radical apunta en realidad a la modernización de la política a través del desencadenamiento de cambios que luego se apoderarán de la política para asimilarla a la rutina inercial y residual de la administración. El conflicto, expulsado de la historia y reducido a mera barbarie gracias a los "estudios de factibilidad", la "tecnología de punta", la "reinserción en el mundo" y los "riesgos de inversión"2, será –apenas– el "efecto no deseado" de un sistema de partidos petrificado.
A la zaga de la iniciativa oficial, la oposición parece tan "moderna" como el Gobierno. Sus críticas rozan las consecuencias pero no los fundamentos de las políticas en ejecución, y al inhibirse de desmontar los supuestos en los que se asienta, sus razonamientos no alcanzan a demostrar o a persuadir que lo que proponen como posibilidad política es también una posibilidad lógica. Carece de sentido recomendar la moratoria o medidas equivalentes en torno de la deuda externa sin redefinir las funciones que cumplen en la economía los sectores que la endeudaron, o sin determinar que el costo de enfrentar a los acreedores será inferior al de aceptar la restricción externa. No es legítimo condenar una política sin desentrañar sus premisas; la credibilidad de una propuesta alternativa estará en relación proporcional a la artificiosidad de la crítica. Muchas de las pautas que orientan la acción gubernamental tienden a convertirse en nociones de sentido común o a generalizarse como hegemónicas, precisamente porque la oposición resulta impotente para utilizar otra prueba que no sea aquello mismo que debe ser objeto de prueba. Con razón, el oficialismo aprovecha el anacronismo de las propuestas opositoras, pero su extemporaneidad no deriva de la falta de validez intrínseca de las mismas sino del hecho que la gente no las percibe como deducidas lógicamente de la brecha que se abre entre los impactos de las políticas efectivamente aplicadas y las interpretaciones ofrecidas para racionalizarlos. De modo que, lejos de capitalizar para sí las fisuras en la credibilidad popular, la oposición partidaria fracasa como mediación de reemplazo capaz de poner al descubierto el desajuste entre resultados y retórica, el componente neoliberal de su discurso, el intento de promover la fragmentación de los sectores potencialmente proclives a una alternativa transformadora, el desplazamiento de la problemática social del escenario político, la apropiación del "cambio" como postergado deseo de la sociedad, pero sin satisfacer las necesidades más elementales de los sectores desequilibrados socialmente. En el fondo no se trata de que la oposición consiga por último quebrar la impunidad electoral de su adversario, sino que logre interponerse en el camino de la cristalización de un modelo ya esbozado durante la dictadura militar que tiende a consolidar las estructuras de la desigualdad y la dependencia. El carácter inasible y difuso de la oposición no hace esto posible por ahora, más bien contagia la expectativa de que sea la realidad la que confirme o desmienta a la realidad. Como es sabido ello sucede siempre demasiado tarde.

En síntesis

El realismo vale como forma de garantizar la congruencia entre fines y medios pero no para derogar la discusión sobre fines colectiva y conflictivamente posibles. La modernización no es neutral, es despolitizadora. El peronismo y la izquierda democráticos contribuirán eficazmente al develamiento de la mutación política que impulsa el realismo modernizador, si aciertan a colocarse en la perspectiva del propio mensaje oficial para que éste sea susceptible de ser refutado en su propio terreno.
Para el Gobierno, las huelgas, cuanto más exitosas más ponen en evidencia la irresponsabilidad sectorial, incapaz de renunciar a la metodología de la confrontación absurda. El conflicto social, cuya perversidad se denuncia, es un dato externo a la política y que la eficiencia tenderá a relativizar. Así, mientras el dinamismo y reemergencia de protestas populares indicarían que existe sustento para un proyecto alternativo, el problema no pasa a ser su articulación política en función de otros objetivos, sino cómo fragmentarlas, amedrentarlas o denigrarlas. El problema carece técnicamente de solución, entonces no existe para la política o es promovido deliberadamente por motivaciones inconfesables. La ética ocupa el lugar de la política, pero la democracia sale perdiendo; no porque la ética no sea imprescindible –al menos como "ética de la responsabilidad"– sino por su inevitable instrumentación para ubicarse metapolíticamente en las regiones de la irrefutabilidad, temible antesala en la que la fuerza de los argumentos se confunde con el argumento de la fuerza: "ultima ratio regum".

Notas

1 Landi, O.: El discurso de lo posible. Estudios CEDES, 1985.
2 El tema ha sido desarrollado por la revista Unidos en su número 10 (junio de 1986). Ver especialmente: "Viedma Capital: la corazonada y el computador".

 
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